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Por Laura Gutiérrez Franco

En su Análisis Económico Ejecutivo semanal, el Centro de Estudios Ecómicos del Sector Privado (CEESP); hace un análisis de los últimos dos años y pocos meses en donde ha transcurrido la pandemia por el COVID-19 y afirma que apoyo fiscal para enfrentar la crisis por pandemia fue sumamente escaso.

A lo largo de la pandemia, las ampliaciones de gasto público y dispensas de ingresos provenientes del público al sector salud o a otros sectores relacionados con la pandemia, como proporción del PIB, se situaron en el lugar 177 de 187 países.

Señala el documento que quizá la falta de apoyos oportunos al sector salud explica que a tan solo seis meses después de que la Secretaría de Salud confirmara el primer caso de Covid, México ya se ubicaba como el primer país con mayores muertes de personal sanitario por causa del virus. Entre febrero y agosto del 2020 se reportaron 1,320 defunciones de personal de salud, superando los 1,077 de Estados Unidos, 649 del Reino Unido y 634 en Brasil.

En resumen, la gestión del sector salud ha sido muy deficiente.

Ello, en los peores momentos, en medio de la pandemia de Covid 19. Todo apunta a que desde el principio no hubo suficiente seriedad al problema y que el daño ha sido mayor al necesario.

Hoy parecen sumarse nuevos problemas con los embates oficiales a la profesión médica y a la UNAM. En vez de hacer un diagnóstico de porque la situación laboral de la profesión (aparentemente) tiene problemas y tomar las acciones conducentes para resolverlos, como una estrategia permanente, el gobierno opta por “contratar” médicos cubanos con el gobierno de ese país. Las pertinencia y circunstancias de dicha contratación son por demás oscuras y generan todo tipo de cuestionamientos.

Utilizar la provisión de salud, incluyendo vacunas, con fines políticos puede ser eficaz. Pero no ético. La obligación del gobierno, y por la que pagan los contribuyentes, es la oferta de cobertura y servicios de forma eficiente a la población, especialmente a los grupos más vulnerables, y a toda la población en general, precisa el estudio.

Redacción / Enlazadot

La Ley Antilavado como tal, es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y en términos generales busca regular de dónde se obtienen los recursos con el cual se llevan a cabo las operaciones de empresas.

Dicha ley busca identificar a todas aquellas operaciones que se generan con recursos de procedencia ilícita, que, por lo general son operaciones que utilizan los delincuentes, narcotraficantes y terroristas. Entonces por este medio se puede saber y aclarar de dónde provienen los recursos si eres un contribuyente, un empresario o una persona que obtienen sus recursos de manera legal, explicó el consejero independiente, Javier Zepeda Orozco.

Agregó que actualmente en México hay poco más de 80 mil empresas que ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tienen el REPSE autorizado; sin embargo, han dejado de lado una de las obligaciones más importantes. Por un lado, presentar las informativas ante el ICSOE, el SISUB por parte del IMSS y por parte del Infonavit cada cuatro meses, pero también estos empresarios deben registrarse en el padrón de lavado de dinero, debido a que así lo establece la disposición.

“Las más de 80 mil empresas que tienen la obligación, en este momento, de registrarse en el padrón de la ley de lavado, pero no solamente eso, además mes a mes a más tardar el día 17 tendrán que presentar los avisos de todas aquellas operaciones que hayan efectuado con clientes fueron la prestación de sus servicios especializados” puntualizó Zepeda Orozco.

El consejero independiente explicó que es una obligación que los empresarios con REPSE desde el mes de octubre de 2021, deben inscribirse en esta ley y cada día 17 a más tardar de cada mes, tienen que presentar la informativa en el padrón de la ley anti lavado, o sea es una nueva responsabilidad.

“La informativa es decirle a en este caso al SAT por medio del portal de lavado es, quién fue tu cliente, qué servicio le brindaste, qué importe generó dicha actividad y durante qué fechas. O sea, en términos generales es aclarar cuál fue la operación que brindaste en un mes exactamente” agregó.

Finalmente advirtió que al día de hoy solamente el 3% de los que tienen el registro autorizado, cumplen con la ley antilavado de dinero por desconocimiento, falta de información y de difusión por parte de las autoridades, y también internamente debido a la falta de actualización continua para estar investigando y revisando cuáles son los cambios y cuáles son las obligaciones de cada empresario.

Semblanza / Quién es Javier Zepeda

• Ing. Javier Zepeda / Consejero Empresarial

Nacido en Guadalajara, Jalisco el 8 de noviembre de 1979.

• Egresado de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales en el ITESO en 2002.

• A la fecha ha participado de manera activa en más de 3,500 conferencias, cursos, talleres y seminarios en todo México, siendo ya considerado líder de opinión en temas administrativos, contables, fiscales y empresariales.

• Consejero Empresarial donde guía los pasos de dueños de micros, pequeñas y medianas empresas, para el desarrollo y crecimiento, para hacerlos más productivos y eficientes junto con sus negocios.

• En la actualidad, empresario, siendo socio activo entre otras empresas, de AnaGrey, despacho contable y fiscal.

• Por parte del IMMPC se certifica como Consejero Independiente, por lo que aporta su conocimiento y experiencia en el Consejo de Administración de las empresas.