Redacción / Enlazadot
Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresarial reconoce como un paso adelante la reforma en materia de pensiones aprobada el día de ayer por el poder legislativo, la cual permitirá dar respuesta a un problema histórico de nuestro país. Se logra que la mayor parte de los trabajadores mexicanos tenga acceso a una pensión; y que haya un ahorro lo suficientemente amplio para asegurar al trabajador que se jubila, un monto digno, particularmente para quienes menos ganan.
Desde una visión de responsabilidad social, en el CCE trabajamos durante más de un año con distintos actores para acordar los términos generales de esta reforma que fue presentada por el Poder Ejecutivo, y a partir de la cual los empleadores aumentarán fuertemente las aportaciones que hacen a los fondos de ahorro para el retiro de sus empleados.
De acuerdo con la nueva legislación, la cuota que aporta el patrón por cada trabajador, se aumentará gradualmente a partir de 2023 y durante un lapso de 8 años. El ahorro total pasará de 6.5% a 15%. El trabajador no aportará ni un centavo más.
Asimismo, las semanas de cotización necesarias para jubilarse, habiendo alcanzado la edad correspondiente, pasan de 1250 a un nuevo esquema que inicia con 750 en 2021 y aumenta en un periodo de 10 años para terminar en 1,000 semanas. Es decir, en vez de necesitarse 25 años de cotización, se necesitarán inicialmente 15. Asimismo, los trabajadores que no alcancen las condiciones de pensión mínima garantizada, podrán tener también, acceso a una pensión con base en el ahorro acumulado en sus cuentas individuales.
Lamentablemente, en la iniciativa también se incorporó un tema no consensuado con el sector privado, al imponerse un tope a las comisiones que pueden cobrar las Afores.
Consideramos que el control de precios NUNCA es una política pública adecuada, y conlleva distorsiones que perjudican la competencia y, en última instancia, a los trabajadores.
Adicionalmente, la reducción en las comisiones de las Afores no tiene un efecto significativo en la pensión del trabajador. Para ello, sería más efectivo generar mecanismos y condiciones para que las administradoras inviertan el dinero ahorrado en proyectos prioritarios de infraestructura, que generen mejores rendimientos, y por ende un mayor efecto positivo sobre las pensiones.
