Redacción / Enlazadot

Ciudad de México.- La iniciativa de reforma constitucional al sector energético presentada hoy por el gobierno federal lastima profundamente al país, tanto en materia ambiental como en materia económica. La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial que preside Carlos Salazar Lomelín, al expresar su punto de vista.

Esta iniciativa obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea. Como tal, no sólo permitiría que plantas obsoletas y contaminantes (que utilizan diésel, combustóleo y carbón) incrementen su participación de mercado sin tener que competir ni en costos ni en nivel de emisiones, sino que aumentaría inevitablemente las emisiones contaminantes, los costos de generación y la necesidad de subsidios para mantener las tarifas constantes.

Asimismo, la imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del poder judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes. Estos efectos retroactivos, que desconocen al Estado de Derecho, consumarían una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país, poniendo en grave riesgo la credibilidad de nuestro país como socio comercial y dejándolo expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales.

Para el sector privado es fundamental mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva, generadora de empleos y crecimiento, así como una actitud abierta a la negociación y a escuchar las demandas que permitan a la CFE ser una paraestatal que beneficie a todas y todos los mexicanos, por lo que el sector privado ha contribuido significativamente a ampliar la capacidad de generación limpia y de bajo costo para el país.

La CFE no ha desarrollado centrales de generación usando energías renovables de bajo costo. Por lo tanto, no ha contribuido ni contribuirá a reducir los costos de generación ni las emisiones contaminantes. La Comisión Federal de Electricidad tampoco ha podido ampliar ni modernizar sustantivamente la red eléctrica. Esto ha provocado apagones que afectan tanto la seguridad energética como la economía nacional, y ninguno de sus planes anunciados permite resolver estas carencias. La iniciativa no plantea ningún remedio a estas carencias de la CFE. La reforma propuesta hará todavía más difícil la inversión en la red de transmisión al concentrar los recursos de la CFE en generación.

Estamos ante una contrarreforma que, a todas luces, no cumple con los objetivos que pretende ni plantea soluciones sustentables. Bloquear la participación del sector privado en la generación eléctrica impide que el país avance en solucionar estos problemas críticos. De aprobarse la reforma planteada por el gobierno federal, México no podrá cumplir con sus metas de reducción de emisiones frente al cambio climático, ante lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado como una crisis climática. Cabe recordar que el Gobierno de México firmó el acuerdo de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para evitar que los efectos negativos del cambio climático impacten en los sectores de la población más vulnerables.

Esta contrarreforma parte de un diagnóstico equivocado: los preceptos constitucionales en materia de energía eléctrica no tienen como objetivo, ni como consecuencia, dañar o desaparecer a la CFE. Por el contrario, es el establecimiento de un marco que permite la coexistencia de la inversión privada y la competencia lo que permite la sustentabilidad financiera y el crecimiento de la CFE.

La contrarreforma condena a la CFE de manera irremediable a perder montos crecientes de recursos y a depender de crecientes subsidios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para subsistir, con lo que se vulnera el objetivo del Presidente López Obrador de no incrementar los niveles de endeudamiento ni poner en riesgo las finanzas públicas.

Hacemos un llamado al Poder Legislativo a reflexionar sobre los efectos adversos de esta iniciativa y actuar en beneficio de las familias mexicanas, el medio ambiente, las finanzas públicas y el bienestar económico de nuestro país.