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Redacción / Enlazadot

Ciudad de México.- Se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), con la finalidad de contar con una perspectiva de corresponsabilidad social para generar espacios laborales que garanticen la igualdad y la no discriminación, en particular de aquellos grupos de la población potencialmente vulnerables a ser víctimas de discriminación, por ejemplo las personas indígenas, las mujeres, las personas adultas mayores, las personas jóvenes, la población LGBTTTI, entre otros.

La firma de este Convenio, que contó con la participación de Geraldina González de la Vega Hernández, titular del COPRED; Carlos Salazar Lomelín, Presidente del CCE; Laura Tamayo Laris, Presidenta de la Comisión de Inclusión y Diversidad del CCE; y Odracir Barquera Salais, Director General de Estrategia del CCE, es parte del esfuerzo y los trabajos que lleva a cabo la iniciativa privada, en colaboración con el sector público, para lograr un ambiente laboral más incluyente y acorde a la evolución de la sociedad mexicana, que comprenda y ejerza en su ámbito y capacidades el respeto a los derechos humanos en los lugares de trabajo.

Durante su intervención, Geraldina González de la Vega, destacó que “este trabajo conjunto con el sector empresarial significa un paso importantísimo de trabajo, de diálogo, en donde podamos laborar de manera coordinada para prevenir la discriminación. Nos parece fundamental generar estos vínculos y lazos de trabajo conjunto con las empresas para prevenir el racismo, clasismo, sexismo, capacitismo, lgbtfobias, etc., y deconstruir esos prejuicios para generar espacios laborales más amigables, donde se celebre la diversidad y la inclusión. Y esto, por supuesto, genera una movilidad e innovación dentro de los equipos de trabajo”.

Por su parte, Carlos Salazar afirmó que desde el CCE siempre “hemos buscado sensibilizar a la comunidad empresarial sobre las tendencias sociales, tanto a nivel global como en México, y así replantear su rol como actor de la sociedad. Por lo que, este convenio se relaciona con varios de los principios de Dimensión Social, como el de asumir y promover la inclusión, la diversidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, pero también con el de garantizarle mayores oportunidades y mejores ambientes a nuestros colaboradores y sus familias. Así como con el principio de modernizar la cultura empresarial para que nuestras organizaciones conozcan las tendencias internacionales y estén mejor organizadas para insertarse en la competitividad global”.

En tanto, Laura Tamayo señaló que “diversos estudios a nivel global han demostrado que si las empresas, sin importar su tamaño, practican la inclusión y la diversidad, generalmente tienen menos rotación y mayor desarrollo de los empleados, lo que sin duda deriva en mayor productividad y una manera de agregar valor mucho más sofisticada. Por consecuencia, son capaces de generar más trabajo y mayor retorno a los accionistas, resultando en un mayor beneficio para todas y todos quienes forman parte de estas organizaciones”.

Con la firma de este Convenio, el Consejo Coordinador Empresarial reafirma su compromiso de prevenir y combatir la discriminación en cualquiera de sus formas, así como de seguir trabajando en sensibilizar y generar consciencia en la comunidad empresarial para mejorar la cultura laboral y lograr espacios más amables y respetuosos.

Acerca del CCE

El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 12 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es coordinar y representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, impulsando de manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión.

Redacción / Enlazadot

La lógica de la prudencia fiscal apunta a que el gobierno debería estar preparado para contener su gasto o hacerlo mucho más eficiente. La inversión física otra vez fue decepcionantemente baja, afirma el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Carlos Salazar Lomelín, en el documento de análisis semanal que envía a los medios de comunicación.

Señala que con base en los resultados que dio a conocer el SAT acerca de los ingresos del Gobierno Federal durante 2021, en el reporte de la semana pasada resaltamos la debilidad de las fuentes de recursos recurrentes y el riesgo que esto representa para el gobierno a futuro, ya que prácticamente se ha quedado sin fondos precautorios. La expectativa de fortalecer las fuentes de recursos públicos no parece estar cerca y las necesidades de gasto aumentan; la economía ha entrado a un estado de estancamiento y las expectativas de crecimiento no anticipan un repunte significativo en el mediano plazo.

En este contexto, la lógica de la prudencia fiscal apunta a que el gobierno debería estar preparado para contener su gasto o hacerlo mucho más eficiente, dirigiéndolo a inversión productiva compatible con el crecimiento de mediano y largo plazos y con ello fortalecer la recaudación tributaria. Sin embargo, el reporte de la SHCP sobre las finanzas públicas para el cierre del 2021 no parece indicar que este sea uno de los objetivos oficiales.

A pesar de que los ingresos del sector público aumentaron a una tasa real anual de 5.6%, no fueron suficientes para compensar el incremento de 6.4% en el gasto público, ocasionando que el balance público resultara deficitario en 757.9 mil millones de pesos (mmp), ligeramente mayor (en 40 mmp) al déficit aprobado en el presupuesto 2021. El resultado primario fue un déficit de 71.9 mmp (0.3% del PIB), cuando se había presupuestado un pequeño superávit (6.2 mmp).

El origen principal del incremento del gasto público se concentró en el aumento de 9.0% en el gasto programable, impulsado por un incremento de 2.5% en el gasto corriente y uno de 39.2% en el de capital. Sin embargo, este último se explica prácticamente en su totalidad por el incremento (223%) en la inversión financiera, que corresponde principalmente a las aportaciones patrimoniales del Gobierno Federal a Pemex para fortalecer su posición financiera.

El gasto público en inversión física otra vez fue decepcionantemente bajo. Sumó 691.8 mmp, cifra que si bien fue 0.2% mayor a la del año previo, resultó 29.8 mmp inferior a la cifra presupuestada. El 44.6% se canalizó al sector de “hidrocarburos”, al parecer consecuencia en buena medida de la inversión en refinación, obviamente incluyendo el proyecto de la refinería en Dos Bocas.

Redacción / Enlazadot

En el marco del Parlamento Abierto sobre la Iniciativa de Reforma Eléctrica, convocado por el Congreso de la Unión, se llevó a cabo el décimo foro titulado “Impactos económicos y financieros para la CFE y la hacienda pública de las reformas eléctricas y su sostenibilidad”, que contó con la participación del presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE.

Carlos Salazar Lomelín, quien se pronunció a favor de un debate pedagógico y responsable que permita comprender y dimensionar las necesidades y capacidades del sistema eléctrico mexicano, y hacer de él uno más competitivo, generador de empleos y bienestar para las y los mexicanos.

Durante su intervención, señaló que en los últimos 30 años el modelo eléctrico ha evolucionado para lograr cuatro objetivos prioritarios para nuestro país: dinamismo económico, finanzas públicas sanas que favorezcan los objetivos sociales, sustentabilidad ambiental e integración global. Objetivos en los que la participación de los privados ha logrado avances incuestionables -en sus distintos esquemas y siempre bajo la rectoría del Estado mexicano-, tales como: un suministro eléctrico más competitivo; optimización de los recursos presupuestarios, incluyendo el fortalecimiento financiero de la CFE; acelerar la transición hacia fuentes de energía limpias; y lograr los flujos de inversión extranjera en infraestructura eléctrica más altos de la historia.

Por el contrario, la propuesta de reforma constitucional que promueve la Comisión Federal de Electricidad (CFE), implicaría regresar a México a un modelo que ya está rebasado en todo sentido, pues no toma en cuenta que la población mexicana casi se ha triplicado en las últimas décadas y la economía ha crecido al menos ocho veces, por lo que el consumo eléctrico ha aumentado exponencialmente, además de que el cambio climático nos obliga a incrementar la producción de energías limpias para mitigar sus consecuencias.

De manera que, el representante del sector empresarial destacó, “todos queremos que le vaya bien a México, queremos que el gobierno tenga los suficientes recursos para los programas sociales y que todos los mexicanos tengan acceso a suficiente energía barata y limpia, queremos una Comisión Federal de Electricidad fuerte, vigorosa, eficiente, productiva y competitiva, pero esta propuesta de reforma no logra lo que el presidente quiere para México y los mexicanos”.

Asimismo, negó que la existencia de la CFE esté en riesgo, pues así lo demuestran sus resultados financieros, los números y las proporciones. Detalló que el mercado eléctrico tiene tres grandes fases: generación, transmisión y distribución, destacando que, hasta ahora, el debate sólo ha girado en torno a la fase de generación; en tanto la transmisión y la distribución -que son clave para impactar el costo del servicio eléctrico a la población y a las PYMES- siguen siendo monopolio del Estado y requieren de altísimas inversiones, rubros en los que desgraciadamente nuestro gobierno no ha invertido en los últimos años.

En este sentido, el presidente del CCE aseguró que la CFE no ha ampliado la red de transmisión de manera importante, a pesar de que, por ejemplo, sólo en el año 2021 se recaudaron alrededor de 46 mil millones de pesos de la tarifa de transmisión. Esto, sin contar las aportaciones a título gratuito que realizan los interesados en integrar nuevos proyectos de generación o de consumo al sistema eléctrico.

Carlos Salazar reiteró que “el sector privado está comprometido con México y con asegurar que las y los mexicanos tengamos suficiente energía barata y limpia. Hay más de 150 proyectos a futuro que equivalen a más de 40 mil millones de dólares de inversión que están ahora detenidos, y que el país necesita. Si hay más oferta de energía, bajará el precio, es un principio económico básico”, e insistió en que invertir en transmisión y en distribución permitirá disminuir los altos precios de electricidad en ciertas zonas y disminuir los subsidios que el Estado otorga al suministro básico.

Finalmente, desmintió que las empresas hayan operado ilegalmente, como han afirmado algunos actores en este debate, y sostuvo categóricamente “que se castigue a quien haya violado la ley. No se requiere una reforma constitucional para aplicar la ley. Un sistema eléctrico eficiente, que combine bien la rectoría del Estado con el mercado y la inversión privada, requiere de una regulación firme, pero justa e independiente, que impida abusos y resarza pérdidas injustificadas a los participantes”.

Acerca del CCE

El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 12 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es coordinar y representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, impulsando de manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión.

Redacción / Enlazadot

Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) informa que las representaciones de los sectores patronales, de los trabajadores y del gobierno, como resultado de la colaboración y coordinación entre las organizaciones del sector privado, la Secretaría del Trabajo y los representantes de los organismos sindicales, acordaron en el seno de la CONASAMI aumentar en un 22% el salario mínimo para el año 2022: en la Zona Libre de la Frontera Norte el Salario Mínimo General será de $260.34 y en el Resto del País será de $172.87.

La composición del acuerdo tripartito es un 9% de aumento más un Monto Independiente de Recuperación (MIR) en ambas zonas. Este aumento se reflejará en una mejora real en el poder adquisitivo de las y los trabajadores. Con ello, el Salario Mínimo General de la Zona Libre de la Frontera Norte llegará a cubrir el 112% de la Línea de Bienestar Familiar y el Salario Mínimo General del Resto del País llegará a cubrir el 74% de la misma.

Con este acuerdo, el CCE y los organismos que lo integran refrendan su solidaridad y el compromiso de mejorar el ingreso de las y los trabajadores, y superar, en el corto plazo, la Línea de Bienestar Familiar definida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Es una prioridad para el sector privado brindar soluciones a los retos que enfrenta nuestro país, de cara a la reactivación económica después de la pandemia del Covid-19, que tanto ha afectado la economía de las familias mexicanas.

Las organizaciones del sector privado mexicano han sumado esfuerzos con el sector público y el sector obrero para contribuir a la construcción de un México más próspero. Prueba de ello son los sustantivos incrementos al salario mínimo que se han dado en años recientes; la reforma al Sistema de Pensiones, que permitirá a más de 20 millones de mexicanos acceder a una mejor pensión en un menor plazo; así como la reforma en materia de subcontratación, resultado del diálogo y el consenso por la consolidación de un país más justo.

De igual manera, el sector privado ha reafirmado su compromiso social, su generosidad y solidaridad con el pueblo de México. A pesar de la grave crisis, con mucho esfuerzo y responsabilidad, las empresas jamás dejaron de pagar sus impuestos y cumplir con sus obligaciones de seguridad social. Gracias a ello, y a esa recaudación, es que se han mantenido los programas sociales del gobierno, para que los sectores más desprotegidos de México salgan adelante.

La economía mexicana inicia una fase de recuperación con altos niveles de inflación que es necesario contener. El sector privado mexicano ha demostrado, una y otra vez, tener la capacidad de reaccionar a los desafíos coyunturales, y ésta no será la excepción. En este contexto, las empresas continuarán y reforzarán todas las acciones que les permitan lograr el importante objetivo de incrementar la productividad de sus trabajadores. De manera señalada, el éxito en esta tarea se facilitará con la reactivación de la inversión física, tan necesaria para el crecimiento de la economía y el bienestar de los hogares.

Celebramos este acuerdo de incremento de salarios mínimos y reiteramos nuestro compromiso de no dejar desprotegidos a nuestros colaboradores y sus familias. Seguiremos invirtiendo en México y trabajando incansablemente para generar más y mejores empleos, impulsando estrategias que garanticen una mejor calidad de vida para todas y todos los mexicanos.

Redacción / Enlazadot

Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresa su desacuerdo y fuerte preocupación respecto a lo publicado el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación, que sujeta al régimen de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno, toda vez que al equiparar los proyectos federales a este régimen evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción.

El Acuerdo Presidencial abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley.

Es importante señalar que la Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio.

Asimismo, el Acuerdo instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional (emitida en un plazo de cinco días hábiles). Esta decisión prácticamente pone a los proyectos públicos por encima de la ley y produciría efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión.

El CCE manifiesta su rechazo y hace un llamado a defender la legalidad y el Estado de Derecho para proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los derechos humanos, son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones.

Acerca del CCE

El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 12 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es coordinar y representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, impulsando de manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión.

Redacción / Enlazadot

Ciudad de México.- En representación de la comunidad empresarial de América del Norte, instamos a los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá a comprometerse a acciones concretas en la Cumbre de Jefes de Estado de América del Norte, la primera en cinco años, para asegurar que los tres países tengan avances tangibles para alcanzar nuestra visión compartida de hacer de Norteamérica la región más dinámica y competitiva del mundo.

El comercio y la inversión entre nuestros tres países han contribuido de manera significativa al crecimiento económico y la prosperidad, y se estima que generan al menos 20 millones de empleos en Norteamérica. Gracias al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), hoy nuestras tres naciones pueden presumir una plataforma unificada de cadena de suministro desde la cual comerciamos y competimos globalmente.

Pero aún queda mucho trabajo por hacer para asegurar que nuestra economía continental sea lo más resiliente e incluyente posible. Consideramos que los gobiernos de nuestros tres países deben priorizar la coordinación y acciones en tres áreas específicas para explotar nuestro potencial económico como región.

Primero, es fundamental que los tres gobiernos se responsabilicen de la plena implementación del TMEC, para aprovechar los beneficios de este tratado como un marco económico para avanzar en nuestra prosperidad compartida y la generación de empleos. Esto puede lograrse mediante mayor diálogo entre los gobiernos y, cuando sea necesario, acciones conjuntas de cumplimiento. Como sector privado seguiremos comprometidos con apoyar estos esfuerzos, y con identificar las posibles barreras de implementación.

Segundo, para incrementar nuestra competitividad, los tres gobiernos deben garantizar ambientes de inversión abiertos y transparentes. Un ambiente de inversión en deterioro en cualquiera de los tres países daña la economía, la seguridad y el potencial de crecimiento de Norteamérica en su conjunto, y minan la capacidad del TMEC como instrumento de certidumbre legal. Los retos relacionados con el comercio mundial y la pandemia han traído consigo una oportunidad sin precedentes para fortalecer las cadenas de suministro en América del Norte. Sin embargo, como inversionistas, es nuestra responsabilidad recordar a los gobiernos que ese potencial no se materializaría en países que no aseguren certidumbre para los negocios y apego a las buenas prácticas globales de gobernanza en áreas como la regulación, los permisos, la recaudación y las compras gubernamentales.

Los sectores privados de Estados Unidos y de Canadá están muy preocupados por los esfuerzos del gobierno mexicano por reducir la competencia privada en el sector energético. Los intentos por favorecer empresas del Estado en detrimento de proveedores de energías renovables minan la certidumbre de inversiones y auguran mayores costos así como menores oportunidades para los trabajadores de nuestros países. Asimismo, los sectores privados de Canadá y de México comparten preocupación por las interpretaciones divergentes de las reglas de origen del TMEC, y cómo la interpretación de Estados Unidos representa riesgos para nuestras cadenas integradas de suministro. Interesados en nuestro éxito y competitividad colectivos, hacemos un llamado a que los gobiernos entablen diálogo profundo con los sectores privados en estos y otros temas.

Tercero, nuestros tres gobiernos deben capitalizar las lecciones aprendidas de la pandemia por COVID-19 y prepararse para el futuro, mejorando la coordinación en la respuesta a emergencias y alineando la definición de industrias y servicios esenciales en los tres países. También debe haber mayor cooperación en el manejo de la frontera para asegurar el flujo de tráfico comercial y de carga. La alineación en estas políticas, combinada con comunicación constante y transparente con el sector privado, son indispensables para el funcionamiento efectivo de las cadenas de valor transfronterizas y para asegurar la provisión ininterrumpida de las industrias y servicios esenciales.

Finalmente, agradecemos a los tres gobiernos por su dedicación continua a la indispensable sociedad norteamericana. Tenemos la firme convicción de que acciones decisivas en las áreas arriba mencionadas fortalecerán la integración de nuestras industrias vitales, así como la preparación para emergencias; y esto redundará en nuevas inversiones en el continente, que promuevan crecimiento económico y oportunidades para los trabajadores y los ciudadanos de nuestra región. Como comunidad empresarial del continente, nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de apoyar a nuestros gobiernos para alcanzar la visión compartida de una América del Norte más competitiva, próspera e incluyente.

• El sector privado ha cumplido históricamente con la regulación del sector eléctrico mexicano, en sus distintos modelos.

Redacción / Enlazadot

Ciudad de México, 11 de octubre de 2021. En las últimas décadas, el sector privado mexicano ha seguido puntualmente las previsiones del marco jurídico para orientar susinversiones en el sector eléctrico, tanto en generación como en comercialización y suministro. Nuestro compromiso ha estado guiado por la adopción tecnológica y la innovación para disminuir el costo para los consumidores de electricidad que generan empleo y bienestar para los mexicanos, aseguró a través de un comunicado el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Carlos Salazar Lomelin.

A lo largo de la historia, el marco jurídico fue abriendo posibilidades para que las empresas nacionales contaran con alternativas de suministro al del entonces monopolio estatal de CFE, y de esta manera tuvieran posibilidades de participar en la rápida integración comercial con América del Norte, y con el resto del mundo. Hoy en día, con base en un firme compromiso con la competencia y la mejora continua, las empresas mexicanas han logrado ser competitivas, aun con tarifas eléctricas que siguen siendo más caras –hasta el 70%– que en Estados Unidos, en donde se ha permitido, desde hace muchos años, la participación del sector privado.

Con mucho esfuerzo, las empresas mexicanas han conquistado un espacio para México y los mexicanos a nivel global. Toda generación eléctrica en México paga – y ha pagado siempre– alguna de las 20 tarifas de transmisión definidas por losreguladores nacionales. Conocerla historia regulatoria del sector eléctrico impediría el uso doloso de información incompleta.

Para que a la CFE le vaya bien, no se necesita que le vaya mal al sector privado. Ni al contrario, para que las empresas privadas sean eficientes, no se necesita que la CFE pierda. Esto no es un juego de suma-cero. La CFE es hoy altamente rentable en la transmisión y distribución de energía, la cual es pagada por los privados, incluidas las familias mexicanas.

Las empresas nacionales hacemos un llamado a que las voces que hoy participan en la discusión sobre la reforma constitucional en materia eléctrica aborden el tema con responsabilidad y apego a la verdad. Las declaraciones del día de hoy de la Secretaria Rocío Nahle, como otras similares que ha hecho el Director General de CFE, Manuel Bartlett, en el pasado, están guiadas por la ideología y no por la especialización técnica y el rigor que requiere un tema de la más alta prioridad.

Es comprensible que se utilicen las conferencias de prensa de los servidores públicos para comunicar mensajes que atienden a su conveniencia política. Tienen todo su derecho de presentar ideas y argumentos, pero no a calificar de robos a la nación a las actividades lícitas de los inversionistas. No hay razón para mentir. Con el tiempo, las mentiras cobran vida propia y erosionan la confianza que todos queremos construir.

Acerca del CCE

El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 12 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es coordinar y representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, impulsando de manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión.

Redacción / Enlazadot

Ciudad de México.- La iniciativa de reforma constitucional al sector energético presentada hoy por el gobierno federal lastima profundamente al país, tanto en materia ambiental como en materia económica. La aprobación de esta iniciativa marcaría un punto de no retorno, generando daños irreversibles al Estado de Derecho, al medio ambiente, a las finanzas públicas y a la competitividad del país, aseguró el Consejo Coordinador Empresarial que preside Carlos Salazar Lomelín, al expresar su punto de vista.

Esta iniciativa obliga a todos los mexicanos a adquirir energía de la CFE, sin importar lo sucia, cara e ineficiente que sea. Como tal, no sólo permitiría que plantas obsoletas y contaminantes (que utilizan diésel, combustóleo y carbón) incrementen su participación de mercado sin tener que competir ni en costos ni en nivel de emisiones, sino que aumentaría inevitablemente las emisiones contaminantes, los costos de generación y la necesidad de subsidios para mantener las tarifas constantes.

Asimismo, la imposición de esta reforma implicaría que las plantas más modernas, limpias y eficientes del sector privado dejen de operar, violando los tratados internacionales de los que México forma parte, contradiciendo los mandatos del poder judicial mexicano y violando el principio fundamental de la Constitución de la no retroactividad de las leyes. Estos efectos retroactivos, que desconocen al Estado de Derecho, consumarían una expropiación de facto de decenas de miles de millones de dólares de inversión privada competitiva en el país, poniendo en grave riesgo la credibilidad de nuestro país como socio comercial y dejándolo expuesto al reclamo de indemnizaciones bajo diversos mecanismos legales, incluyendo arbitrajes internacionales.

Para el sector privado es fundamental mantener una industria eléctrica fuerte, sana y competitiva, generadora de empleos y crecimiento, así como una actitud abierta a la negociación y a escuchar las demandas que permitan a la CFE ser una paraestatal que beneficie a todas y todos los mexicanos, por lo que el sector privado ha contribuido significativamente a ampliar la capacidad de generación limpia y de bajo costo para el país.

La CFE no ha desarrollado centrales de generación usando energías renovables de bajo costo. Por lo tanto, no ha contribuido ni contribuirá a reducir los costos de generación ni las emisiones contaminantes. La Comisión Federal de Electricidad tampoco ha podido ampliar ni modernizar sustantivamente la red eléctrica. Esto ha provocado apagones que afectan tanto la seguridad energética como la economía nacional, y ninguno de sus planes anunciados permite resolver estas carencias. La iniciativa no plantea ningún remedio a estas carencias de la CFE. La reforma propuesta hará todavía más difícil la inversión en la red de transmisión al concentrar los recursos de la CFE en generación.

Estamos ante una contrarreforma que, a todas luces, no cumple con los objetivos que pretende ni plantea soluciones sustentables. Bloquear la participación del sector privado en la generación eléctrica impide que el país avance en solucionar estos problemas críticos. De aprobarse la reforma planteada por el gobierno federal, México no podrá cumplir con sus metas de reducción de emisiones frente al cambio climático, ante lo que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado como una crisis climática. Cabe recordar que el Gobierno de México firmó el acuerdo de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible para evitar que los efectos negativos del cambio climático impacten en los sectores de la población más vulnerables.

Esta contrarreforma parte de un diagnóstico equivocado: los preceptos constitucionales en materia de energía eléctrica no tienen como objetivo, ni como consecuencia, dañar o desaparecer a la CFE. Por el contrario, es el establecimiento de un marco que permite la coexistencia de la inversión privada y la competencia lo que permite la sustentabilidad financiera y el crecimiento de la CFE.

La contrarreforma condena a la CFE de manera irremediable a perder montos crecientes de recursos y a depender de crecientes subsidios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para subsistir, con lo que se vulnera el objetivo del Presidente López Obrador de no incrementar los niveles de endeudamiento ni poner en riesgo las finanzas públicas.

Hacemos un llamado al Poder Legislativo a reflexionar sobre los efectos adversos de esta iniciativa y actuar en beneficio de las familias mexicanas, el medio ambiente, las finanzas públicas y el bienestar económico de nuestro país.

Redacción / Enlazadot

Ciudad de México.- El 15 de septiembre se llevó a cabo la reunión de la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial, en la que estuvieron presentes el presidente Carlos Salazar Lomelín y los titulares de los 12 organismos empresariales que lo integran, para analizar los temas relevantes para la iniciativa privada y en la que se le dio la bienvenida al IngenieroHéctor Tejada Shaar como presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), quien fue electo en la 105 Asamblea General Ordinaria para el periodo 2021- 2022.

Desde el Consejo Coordinador Empresarial le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva encomienda y estamos seguros de que Héctor Tejada habrá de fortalecer a la Confederación, promoviendo el crecimiento y el desarrollo del sector comercial, turístico y de servicios, en favor de las familias mexicanas y de la reactivación económica del país.

Acerca del CCE

Redacción / Enlazadot

Ciudad de México.- Hace 45 años, el 5 de agosto de 1976, se creó el Consejo Coordinador Empresarial con la firme convicción de reunir y representar a las organizaciones del sector privado y brindar soluciones a los retos que enfrentaba nuestro país. El día de hoy, a más de cuatro décadas, el CCE agrupa a las 12 organizaciones empresariales más importantes de México, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones que representan alrededor del 80% del PIB y continúa sumando esfuerzos a lo largo y ancho del territorio nacional para contribuir a la construcción de un México más próspero, sustentable e innovador.

Derivado de esta visión, en los últimos años el CCE ha asumido un firme compromiso con la sociedad, impulsando los principios de Dimensión Social del sector privado, replanteando el sentido de las empresas y trabajando por la consolidación de un país más justo, inclusivo, responsable y sostenible para construir una relación de confianza y credibilidad, no sólo con sus colaboradoras y colaboradores sino con la sociedad misma, y convertirse así en un referente y ejemplo de integridad y ética en la economía mexicana, respetando y promoviendo la cultura de legalidad en favor de un Estado de Derecho sólido y la defensa de la libre empresa.

A lo largo de la historia, el CCE ha conformado diferentes comisiones de trabajo que obedecen a los intereses prioritarios del empresariado y, por supuesto, de las familias mexicanas. Entre los logros alcanzados en los últimos años destacan: la reforma al Sistema de Pensiones, que permitió a más de 20 millones de mexicanos acceder a una mejor pensión en un menor plazo; el aumento al salario mínimo, como resultado del diálogo entre la iniciativa privada, el sector obrero y el gobierno federal; la inversión del sector empresarial en proyectos de infraestructura, que servirán como punta de lanza para la reactivación económica; el apoyo logístico, de coordinación y de infraestructura en las jornadas de vacunación para enfrentar la pandemia por Covid-19; así como el impulso a programas dirigidos a las nuevas generaciones, como Jóvenes Construyendo el Futuro y Formación Dual, que permitirán preparar mejor a la juventud, al tiempo de brindarles más herramientas para su futura inserción en el campo laboral.

Igualmente, uno de los logros más sobresalientes del Consejo tiene que ver con las acciones realizadas en torno a la renovación e implementación del T-MEC, en donde el sector empresarial tuvo una importante incidencia en los temas vitales para la iniciativa privada, logrando ajustes a la Ley de Infraestructura de la Calidad, de Propiedad Industrial, de Derechos de Autor, de Impuestos Federales de Importación y Exportación, al Código Penal sobre grabaciones no autorizadas y la Ley Aduanera, así como la posibilidad de que las empresas realicen un autodiagnóstico laboral.

Consciente de que muchos de los retos que hoy enfrentan la sociedad, el país y el propio empresariado son globales, el CCE ha adoptado como prioritaria la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por tal motivo, se tienen 18 grupos de trabajo temáticos en conjunto con el Capítulo México del Pacto Mundial de Naciones Unidas, para generar acciones concretas desde el sector empresarial para que nuestro país alcance los ODS.

Promover la inclusión, la diversidad y el respeto irrestricto a los derechos humanos, así como definir acciones concretas para la inclusión laboral y económica de las personas también son temas que se han vuelto esenciales para el CCE, por lo que trabaja todos los días en reducir la brecha de igualdad de género en el sector privado y condenar cualquier tipo de violencia y abusos en los lugares de trabajo para generar un ambiente positivo para todas y todos.

De igual manera, como parte de los esfuerzos para establecer un compromiso de las grandes empresas con las MiPyMEs y con la creación de cadenas productivas, recientemente el CCE lanzó la iniciativa Impulsa tu Empresa Mx, una plataforma en donde las micro, pequeños y medianas empresas pueden encontrar programas de apoyo, financiamiento y capacitación, que les permita modernizarse y consolidarse para ser más competitivas.

Es motivo de orgullo para todo el equipo del CCE, el papel tan relevante que juega el organismo en la historia y las finanzas del país, así como su capacidad de adaptación y evolución, en función del contexto social, económico, político y cultural de México. Su aportación a la creación y conservación del empleo, así como el fomento a la inversión para aumentar la riqueza del país son, sin duda, sus más grandes legados.

El CCE ha sabido mantenerse siempre fiel a su propósito de impulsar estrategias que beneficien tanto a las y los trabajadores como a sus familias, porque entiende que trabajar juntos, bajo los valores de integridad, legalidad, libertad y compromiso, asegura una mejor calidad de vida para todas y todos.

El más grande reconocimiento a todos los que han sido parte de la historia del CCE durante estos 45 años, a su presidente Carlos Salazar Lomelín; a la CONCAMIN a cargo de Francisco Cervantes Díaz; a la Concanaco Servytur, bajo el liderazgo de José Manuel López Campos; a la COPARMEX, en manos de José Medina Mora Icaza; a la ABM, a cargo de Daniel Becker Feldman; al CMN, con Antonio Del Valle Perochena al mando; al CNA y a su presidente Juan Cortina Gallardo; a la AMIS, bajo la visión emprendedora de Sofía Belmar Berumen; a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México y a su presidente Nathan Poplawsky Berry; a la CANACINTRA, con el liderazgo de José Enoch Castellanos Férez; a la AMIB, a cargo de Álvaro García Pimentel Caraza; al COMCE, con Valentín Díez Morodo como presidente; y a la ANTAD, con Vicente Yáñez Solloa al frente. Asimismo, una especial distinción a los expresidentes que fueron base fundamental de nuestro organismo, a quienes presiden y han presidido las comisiones de trabajo, y a todas y todos los colaboradores que han formado y forman parte de las filas del CCE.

Seguiremos aportando, desde nuestra trinchera, para que el Consejo Coordinador Empresarial siga siendo un motor de desarrollo económico y social de nuestro querido México.