Redacción / Enlazadot

Ciudad de México.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) siempre ha defendido el principio de legalidad y la plena aplicación del Estado de Derecho en nuestro país.

Cambiar leyes y reglamentos, como pretexto para poder combatir hechos delictivos, es un procedimiento innecesario que impide la sana competencia y afecta a todos quienes invirtieron de buena fe en nuestro país.

La economía cuenta con un marco jurídico. Por eso, estamos convencidos que la autoridad tiene todos los instrumentos para combatir la ilegalidad y su obligación es aplicar la ley.

Los inversionistas nacionales e internacionales están convencidos de la necesidad de unir esfuerzos con el gobierno para promover el desarrollo de México e impulsar el crecimiento de la economía, a través de la creación de empleos.

Por eso el CCE expresa su profunda preocupación sobre los cambios administrativos que vulneran diversos principios constitucionales y de tratados internacionales sobre la libertad de trabajo, competencia económica, libre comercio y trato no discriminatorio.

El pasado 11 de junio se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la Séptima Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2020, la cual dispone que la autorización para el despacho en Lugar Distinto al Autorizado (LDA) para las mercancías de hidrocarburos, petrolíferos, minerales y algunos precursores químicos, sólo podrán tenerla las Empresas Productivas del Estado.

El despacho en LDAs es un mecanismo que han utilizado participantes públicos y privados del mercado para la importación y exportación de mercancías que, por su volumen o características especiales, requieren de instalaciones específicas. Éstos cumplen todas las obligaciones fiscales y aduaneras que marca la ley.

Los LDAs permiten agilizar las dinámicas del comercio exterior y aumentar las capacidades de la economía mexicana. Restringir su uso únicamente a las Empresas Productivas del Estado desplaza artificialmente a competidores del sector privado en áreas estratégicas como el suministro de energéticos, la industria química y petroquímica y a la minería nacional.

Con esta medida, México corre el riesgo de no contar con mercancías indispensables para el sector industrial y para los hogares mexicanos. La falta de suministro de productos como gasolina o materiales para procesos industriales podrían frenar la recuperación económica del país, con sus correspondientes efectos inflacionarios.

Con la medida anunciada, se estima que la afectación potencial a mediano plazo sería de 25% hasta 48% de las importaciones de petrolíferos. Se pondría en riesgo la seguridad energética de México y el abasto de combustibles.

El Consejo Coordinador Empresarial reitera su pleno respaldo a las autoridades para combatir toda ilegalidad en la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, con el marco legal y regulatorio vigente, mediante estrategias que reactiven la economía mexicana por la vía del respeto al Estado de Derecho.

Acerca del CCE

El Consejo Coordinador Empresarial es el máximo órgano de representación del sector privado, y agrupa a las 12 organizaciones cúpula empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones y alrededor del 80% del PIB de México. Su misión es coordinar y representar a las organizaciones del sector empresarial para ser el motor del desarrollo económico y social de México, impulsando de manera sustentable la productividad, la innovación, el empleo formal y la inversión.

Se estigmatiza a sectores económicos formales, en un contexto en el que deberíamos buscar formas de dinamizar la economía

Redacción / Enlazadot

Ciudad de México.- La economía de nuestro país iniciará débil el 2021. Si bien algunos sectores han mostrado indicios de recuperación, aún tenemos retos importantísimos en materia de salud, que pueden generar daños adicionales a la economía. Como hemos venido insistiendo, es fundamental que se tomen decisiones equilibradas, se apoye a quienes generan empleo y se fomente la inversión, que es la única forma de hacer girar la rueda de la economía y mantener las fuentes de ingreso para millones de mexicanos, afirma en un documento el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que preside Carlos Salazar Lomelín.

Por ello, en el sector empresarial nos preocupan algunas expresiones recientes de las autoridades, que estigmatizan a sectores económicos formales, que son generadores de empleo, invierten en el país y pagan impuestos que financian el gasto público en salud, educación y seguridad. En particular, en lo que se refiere a las empresas de energías renovables y a la actividad minera.

Las empresas generadoras de energías renovables, lo hacen dentro del marco legal y aportan energía barata, limpia y eficiente para los consumidores mexicanos, permitiéndonos también avanzar hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia medio ambiental.

A su vez, las concesiones mineras son autorizaciones legales, donde empresas invierten capital, asumen riesgos, generan empleo formal de calidad y bien remunerado y aportan enormes cantidades de impuestos y regalías de las que el Gobierno dispone como gasto público.

En momentos tan difíciles para nuestro país, en que todos deberíamos estar buscando alternativas para impulsar la actividad económica, en poco abona el ataque a sectores productivos importantes y el demérito al trabajo del sector privado formal, que ha tenido que sobrellevar una de las crisis económicas más fuertes de los últimos tiempos sosteniendo las plantillas laborales.

En el mismo tenor, generan incertidumbre los proyectos para debilitar o eliminar a los organismos autónomos, que han sido pilares de la democracia reciente y orgullo de México frente al mundo. La concentración del poder, la eliminación de controles y del conocimiento técnico especializado no contribuirán nunca a alcanzar resultados positivos en ninguna de las áreas reguladas actualmente de forma autónoma.

Como siempre hemos dicho, apoyamos que cualquier empresa o actividad que esté fuera de la ley sea castigada, sin embargo, no podemos generalizar estos señalamientos. Por todo ello, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades a continuar en el diálogo franco con los sectores sociales y productivos del país, sin ideologías ni prejuicios, buscando en conjunto el bienestar de todas las familias mexicanas.