Listado de la etiqueta: CFE

Redacción / Enlazadot

Ciudad de México- A través de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial que preside Carlos Salazar Lomelín, señala que en el contexto de los recientes cortes en el suministro eléctrico que afectan al país, especialmente la zona norte, el CCE hace un llamado al gobierno a trabajar en conjunto para fortalecer la infraestructura de la red de transmisión y distribución, así como el almacenamiento de combustible y gas, como medidas indispensables para mejorar la seguridad energética del país.

La reciente emergencia eléctrica pone de manifiesto la urgente necesidad de mejorar la infraestructura de transmisión, y de concentrar los limitados recursos de la CFE en las actividades en las que es rentable y en las que tiene exclusividad por ley y por vocación de servicio a los mexicanos, que son la transmisión y distribución. Estas divisiones son, además, las más rentables de la CFE y las que pueden hacerla más fuerte financieramente. En lo demás se pueden eficientar los recursos mediante colaboración con el sector privado.

Adicionalmente, México no tiene capacidad de almacenamiento de gas natural, combustible con el que se genera el 60% de la energía eléctrica del país y que en su mayoría viene de Estados Unidos. Existen al menos 20 proyectos de infraestructura de gas que representan inversiones por $300,000 millones de pesos y 50,000 empleos directos e indirectos, y que están pendientes de aprobación.

De forma complementaria, es fundamental permitir que en el país haya competencia en generación de energía, para asegurar abastecimiento y tarifas bajas para los usuarios. La participación de empresas privadas, que ya han invertido más de 44,000 millones de dólares en generación, es el mecanismo probado para que bajen los costos y se beneficie a todos los mexicanos.

“Nos reiteramos siempre dispuestos a dialogar en un marco de legalidad para encontrar juntos las mejores soluciones a las necesidades energéticas de México”, finaliza.

  • index Nacional afirmó que las autoridades de mayor nivel en México no hacen caso de sus solicitudes de información y solución

Por Laura Gutiérrez Franco

Cerca de 1,200 empresas manufactureras de exportación ubicadas en la frontera norte, son las afectadas por la falta de energía eléctrica y de gas natural y ya sus corporativos en el extranjero han mostrado incertidumbre, porque por la falta de un plan que de solución, se afectan las inversiones e incluso hasta podrían detenerse. Millones de ciudadanos de esa área geogrática sufren el caos, con daños a su economía, a la salud y su vida diaria y sin respuesta alguna de la autoridad federal.

Luis Manuel Hernández González, presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (index), encabezó una rueda de prensa virtual junto con los presidentes de las asociaciones en los estados fronterizos, para mostrar la dura realidad por la que vive desde el lunes 15 de febrero y que no ha se podido solucionar.

Lo poco que han logrado en los varios intentos por entablar comunicación con la autoridad, es la contestación de que estén atentos a los que se publica en el twitter en las cuentas de CFE y CENACE, pero el Presidente Nacional de index dijo que eso no es información oficial. Se requieren respuestas claras y concisas para poder programar los procesos en las diferentes plantas. Se quiere la comunicación de alto nivel.

Tomaron la palabra los presidente de index Chihuahua, Román Rivas; Juárez, Fabiola Luna; Rosalinda Torres de Matamoros; Juan Elyd Sániz de Nuevo Laredo; Carlos Valdez de Nuevo León; Gustavo Gutiérrez de Piedras Negras; el director Nacional de index, Juan Antonio Vázquez y Humberto Martínez, de Reynosa, quienes coincidieron en que es una situación preocupantes y con graves daños. Solicitaron que el Gobierno Federal, encargado del suministro de energía y gas, les de pronta respuesta.

El Presidente Nacional fue tajante al afirmar que no tienen opción alguna y que México no estaba preparado para este tipo de situaciones.

Por Laura Gutiérrez Franco

El presidente de Coparmex Jalisco, Carlos David Villaseñor Franco, advirtió que con la presentación de la iniciativa preferente para reformar la Ley de la Industria Eléctrica, “se puede desincentivar la competencia y la inversión en el sector energético mexicano; lo que se necesita es privilegiar un ambiente que permita la recuperación económica a través de la generación y aplicación de estrategias que incentiven y protejan la inversión, que impulsen la libre competencia y que velen por la economía familiar, situación que no se ve reflejada en la iniciativa presentada por el ejecutivo y que mantiene como principal proveedor a CFE y con ello el retroceso en materia medioambiental”.

A través de la difusión de un documento expresó que con tal determinación, se tendrán muchas implicaciones, mismas que van más allá de una discusión energética, sino que también afectan los ingresos de las familias ya deteriorados por la pandemia, es decir, se daría prioridad a la energía producida con combustibles fósiles por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuyo costo de generación es cinco veces mayor a la generación de energías renovables, por lo tanto, la propuesta presentada no solo restaría competitividad a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs), sino que impactaría en mayor medida al gasto familiar, pues no se garantizaría una baja de las tarifas en el largo plazo.

Precisó que “un punto en donde vemos coincidencia es en las sanciones para aquellos Generadores Legados que hayan incurrido en simulación de suministro, aunque consideramos que dichas sanciones deben sustentarse en investigaciones claras, realizadas con estricto apego a la Ley para evitar sancionar a empresas de manera arbitraria y sin sustento”.

Por tanto consideró Villaseñor Franco que de “aprobarse lo propuesto en la iniciativa, el riesgo de tener una industria eléctrica monopolizada es alto, lo que restaría certidumbre para la competencia y tendría como resultado mayores costos para el consumidor final y menor calidad en el servicio, de ahí la necesidad de abrir el dialogo a expertos que han mostrado su posición con relación al impacto que pudiera generar, esto con el objetivo de avanzar a un sistema que propicie la competencia, la eficiencia, el ahorro y el cuidado del ambiente”.

Redacción / Enlazadot

Ciudad de México.- La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, presentada por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados con carácter de preferente, es contraria a los objetivos que el mismo gobierno se ha planteado. De ser aprobada, se traducirá en un aumento del precio de todos los productos y servicios que consumimos los mexicanos, y en un mayor costo fiscal por la necesidad de subsidiar a la Comisión Federal de Electricidad, según señala un comunicado del Consejo Coordinador Empresarial, que preside Carlos Salazar Lomelín.

La iniciativa intenta impedir, arbitrariamente, la competencia en el sector eléctrico nacional, violando los derechos básicos de la libre concurrencia y la certeza jurídica.

Es inexplicable la presentación de esta iniciativa, sin diálogo previo con los sectores afectados, pues abre un nuevo frente contra la inversión en medio de la crisis provocada por la pandemia. Además, rompe la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración.

Las afectaciones de esta propuesta al país son mayúsculas, pues:

Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de un potencial de violar lo establecido en la Constitución.

Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.

Viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas.

Contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública. Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos. Va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.

El CCE y los organismos que lo integran, exhortamos al poder legislativo a una reflexión profunda y a rechazar esta iniciativa, que afectaría gravemente a México, aumentando los precios de productos y servicios, y provocando una mayor caída en la inversión nacional y extranjera justo en el momento que requerimos mantener y generar empleos para la recuperación económica.

Es inconstitucional e incumple con tratados y compromisos internacionales

Redacción / Enlazadot

Ciudad de México.- La iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica presentada por el Presidente de la República a la Cámara de Diputados con carácter de preferente busca impedir arbitrariamente la competencia en el sector eléctrico nacional. Pasa por encima de derechos básicos como la libre concurrencia y la certeza jurídica, generando costos extraordinariamente altos para el país, los consumidores y el medio ambiente, asegura en un comunicado la CONCAMIN, que preside Francisco Cervantes Díaz.

La iniciativa codificaría en ley ventajas artificiales e indebidas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), permitiéndole desplazar a sus competidores aun cuando su energía producida sea más cara y contaminante. Además, les da a las autoridades facultades para revocar permisos de forma arbitraria y forzar la renegociación arbitraria o terminación anticipada de contratos energéticos. Como tal, condena al país a consumir energía cara y contaminante y, de convertirse en ley, generaría un daño económico irremediable a la economía y competitividad de nuestro país en un momento crítico.

Con esta iniciativa, se quebranta además la promesa del presidente López Obrador de no reformar el marco jurídico del sector energético durante los primeros tres años de su administración. Va también en contra de lo resuelto por el propio Poder Judicial Federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) desde 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.

De aprobarse la iniciativa, dada la ilegalidad de ésta, condenará a México a vivir en litigios nacionales e internacionales, frenando la tan necesaria inversión que el país requiere.

En representación del sector industrial mexicano, CONCAMIN hace un llamado al poder legislativo para rechazar esta iniciativa. El obligar a consumir electricidad de mayor costo no es bueno para el consumidor mexicano ni para México.

Durante la pandemia por SARS-CoV-2 Telecomunicaciones e Internet para Todos, conectó a 18 hospitales de alta especialidad y nivel nacional, permitiendo una red de interconexión

Redacción / Enlazadot

Ciudad de México.- Por videoconferencia, Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), presidió el Consejo de Administración de CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, la cual contó con la participación de los consejeros e invitados permanentes.

Durante la sesión, Raymundo Artís Espriú, director general de la Empresa Productiva Subsidiaria (EPS) CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, expresó que a doce meses de su fundación se ha trabajado en la creación de la infraestructura para comunicar a todos el país, especialmente a las comunidades o regiones de carácter rural.

Detalló que a la fecha se han puesto en marcha 1000 puntos de atención prioritaria con acceso de internet público en 24 estados de la república, distribuidos de la siguiente manera:

64 centros escolares

372 centros integradores

482 centros de salud

34 unidades médicas rurales

3 edificios federales

45 módulos temporales

Durante esta pandemia por SARS-CoV-2 la EPS CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos, conectó a 18 hospitales de alta especialidad y nivel nacional, permitiendo una red de interconexión que antes no existía.

Con la instalación de 45 módulos en la Ciudad de México, se establecieron enlaces emergentes con acceso a internet gratuito que lograron atender a los interesados en los diferentes Programas del Bienestar, en particular los Créditos a la Palabra.

Raymundo Artís Espriú afirmó que con la habilitación de más tramos de fibra óptica se logrará generar una red de transporte de datos de gran capacidad, estrechando la brecha tecnológica en las sociedades desconectadas, así como llevar comunicaciones de calidad a cada rincón del país.

Por su parte, el presidente del Consejo y director general de la CFE, Manuel Bartlett Díaz, extendió una felicitación a la EPS por el avance del proyecto de Internet para Todos que con la tecnología que posee podrá lograr sus objetivos de conectar a todos el país.

Finalmente, se sometió a aprobación el nombramiento de Víctor Ilán Tapia Berrón para ocupar la gerencia de Operación de la Red Pública de Telecomunicaciones la cual fue aprobada por unanimidad.

Participaron en la sesión, por videoconferencia David Ziman Bramzon, consejero independiente; César Alejandro Hernández Mendoza, consejero del gobierno federal; Noé Peña Silva, consejero del gobierno federal; Aideé Orozco Hernández, consejera del gobierno federal; Paloma Aguilar Correa, consejera del gobierno federal; Juan Pablo de Botton Falcón, consejero del gobierno federal; Raúl Armando Jiménez Vázquez, secretario del Consejo; y José Luis de Anda Ramírez, prosecretario del Consejo.

  • La CFE ha asumido funciones de autoridad, defendiendo el ‘electrolinazo’ que no ha sido explicado ni transparentado por la propia CRE

Ciudad de México.- El electrolinazo impuesto por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de más de 800% en los cargos de transmisión y distribución de electricidad conocidos como porteo, equivale a casi 300 veces la inflación actual anualizada, aseguró a través de un comunicado la Concamin que preside Francisco Cervantes Díaz.

Esto representa el incremento individual más grande de costos de transmisión del que haya registro. Como resultado, el costo de transmisión para energías renovables bajo el modelo de autoabastecimiento es ahora el más caro de todas las tarifas de transmisión de la que haya registro en México.

La medida adoptada por la CFE viola, cuando menos, un par de promesas presidenciales.

En repetidas ocasiones, el presidente López Obrador comprometió que su gobierno respetaría los contratos energéticos. Sin embargo, esta medida quebranta los contratos de interconexión celebrados por las sociedades de autoabastecimiento con la CFE, pues atropella la metodología ahí establecida para hacer cambios en las tarifas de porteo.

En repetidas ocasiones, el presidente López Obrador comprometió que los costos de la electricidad no incrementarían más allá de la inflación. Sin embargo, esta medida incrementa los costos del porteo por más de 300 veces la inflación.

Por su forma y fondo, la medida adoptada por la CFE también viola las leyes mexicanas, ignora lo establecido en tratados internacionales y atropella los contratos de interconexión.

Entre los ordenamientos mexicanos transgredidos destacan la Ley Federal de Mejora Regulatoria, la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley Federal de Competencia Económica. Es importante destacar que el autoabastecimiento, como modelo de contratación delimitado por las leyes mexicanas, es reconocido por tratados internacionales como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Los contratos de interconexión celebrados entre la CFE y las sociedades de autoabasto, por su parte, establecen tanto los cargos de transmisión aplicables como sus métodos de actualización. Esta medida ignoró por completo tanto los parámetros como la metodología de actualización. Por lo tanto, quebranta las provisiones contractuales.

El “electrolinazo” es el nuevo ataque al Estado de Derecho y desprecio a la ley por parte de autoridades del sector energético en los últimos meses. Otros hitos de esta ruta incluyen la alteración de los Certificados de Energía Limpia y la instrucción/emisión de un acuerdo y una política “de confiabilidad”, por parte de la Secretaría de Energía. Todos ellos han sido suspendidos definitivamente por jueces federales.

Estas medidas lastiman la competencia, la productividad y el empleo. Siendo la electricidad un insumo tan importante para la industria y el comercio del país, también representan una innecesaria afrenta a los consumidores mexicanos, que serán los afectados en última instancia.

Redacción / Enlazadot

Ciudad de México- En representación de pequeños, medianos y grandes consumidores industriales y comerciales de electricidad del país, la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) reitera su rechazo al ‘electrolinazo’ planteado por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y ejecutado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE). El ‘electrolinazo’, al representar un incremento a los costos de transmisión y distribución conocidos como porteo, es una medida que indiscutiblemente incrementa el costo final de la energía consumida y, en el proceso, viola ordenamientos jurídicos y contractuales.

Con sus recientes declaraciones para defender el ‘electrolinazo’, CFE ha asumido nuevamente funciones de autoridad, justificando las decisiones que no han sido explicadas ni transparentadas por la propia CRE, la cual está mandatada por ley a actuar con independencia y objetividad. Esta situación evidencia un deterioro en el sistema de pesos y contrapesos requerido por un auténtico Estado de Derecho.

Además, la CFE ha enfocado sus esfuerzos en denigrar alternativas competitivas para los consumidores. El autoabasto, que la CFE ha pretendido denostar, es un modelo de contratación delimitado por las leyes mexicanas y reconocido por tratados internacionales, con parámetros públicos y transparentes. El desprestigio de la ley –al tildar una actividad legal de ‘mercado negro’- debilita el Estado de Derecho.

De forma sistemática, la CFE y las autoridades han criticado e intentado desvirtuar cualquier modelo de contratación eléctrica que compita con la generación por plantas de la CFE. Han ignorado selectivamente sus ventajas competitivas –incluyendo su capacidad de ofrecer mejores precios y emplear tecnologías limpias- y sus posibilidades de ser un motor de crecimiento de la economía.

Cualquier pérdida de alternativas competitivas representa importantes costos para los consumidores de electricidad, particularmente en el sector industrial y comercial que no tienen tarifas subsidiadas. Esto inevitablemente encarece el costo de vida de los mexicanos. Mientras el país se prepara para iniciar el proceso de recuperación económica, cualquier acción que lastime la competencia y competitividad en beneficio de una sola organización es francamente indefendible.